A mediados del 2021, la cooperativa Darío Santillán, que forma parte de la Unión de Trabajadores Excluidos -UTEP- de Juan Grabois fue elegida por el Fondo de Integración Socio Urbana –FISU- para construir 57 lotes con servicios en un barrio de Pontevedra, Merlo.
Vecinos de la zona habían protagonizado una toma multitudinaria en la zona durante el gobierno de Mauricio Macri. Para los referentes locales de UTEP de Juan Grabois, era la mejor manera para «bajar» en los barrios y militar políticamente y se presentó ofreciendo contención social a las familias sin techo ni vivienda digna. «Nos prometieron una casa y empezamos a pagarle a unos referentes de la cooperativa Chacabuco», explicó Gerardo, vecino de la zona.
Con la llegada de Alberto Fernández, días después de la reglamentación de la cuarentena estricta por la pandemia de Covid, el Ministerio de Desarrollo Social de Daniel Arroyo, habilitó una partida presupuestaria para el FISU de la flamante funcionaria Fernanda Miño. La dirigente cercana a Grabois empezó a recibir propuestas para urbanizar barrios populares, algunas de ellas, en lugares en el que se habían tomado terrenos.
La denuncia de los vecinos y la acusación a una cooperativa vinculada con Juan Grabois
Es el caso de Pontevedra. Allí el obispado de Merlo donó los terrenos al Estado Nacional. Al año siguiente, desde la Secretaría de Miño se firmó un convenio con la cooperativa Darío Santillán para la construcción de lotes con servicios por más de 170 millones de pesos. Los vecinos del barrio ya le pagaban mensualmente a otra cooperativa llamada «Chacabuco» una suma para comprar las tierras. El programa La Cornisa denunció que ambas cooperativas están registradas en el mismo sitio y que sus integrantes son los mismos.
Rodrigo Ángel Alonso es el titular de la cooperativa de vivienda «Chacabuco«. Militante de la UTEP de Grabois, responde políticamente a Yésica Uño, quien se fotografió, en medio de la campaña presidencial, con su candidato Grabois en agosto del año pasado. La propia Fernanda Miño recorrió las obras y presentó el barrio como terminado ante los vecinos, quienes recibieron, en esa ocasión, los títulos de propiedad. Pero todo era una mentira.
Yésica Uño junto a Juan Grabois
Tras la difusión de las imágenes, los cooperativistas convocaron a los vecinos para adjudicar nuevos lotes y exigieron que nadie se preste al show televisivo ni salga en cámara hablando mal «del barrio».
Es el caso de una vecina, llamada Yésica, que guardó los comprobantes de pagos a la cooperativa vinculada a Grabois hasta el 7 de enero de 2023. La asociación les cobraba a los vecinos por lotes que el Estado había firmado un acuerdo millonario con otra cooperativa cuyos integrantes son los mismos.
Los vecinos sospechan que se trata de la misma cooperativa. El propio presidente de la cooperativa «Chacabuco» admitió a este medio que «son lo mismo», pero deslizó que una cosa era la construcción de los lotes y otra de las viviendas. ¿Se planeaba realizar un segundo negocio con los lotes con servicios?
Cincuenta familias de Merlo esperan por los terrenos
La única casa de materiales del barrio es de la cooperativa Darío Santillán y según los vecinos, solo siete familias tienen sus lotes. Llamativamente, entre los beneficiarios aparecen el presidente de la cooperativa y la tesorera de la misma.
Fernanda Miño aseguró en sus redes sociales que todo es una gran mentira y acusó al gobierno de abandonar las obras. Las autoridades actuales del FISU, encabezadas por Sebastián Pareja, armador de LLA en provincia de Buenos Aires, no se expresaron al respecto.
En las próximas horas, la cooperativa de vivienda Chacabuco –CUIT 30715536435- será denunciada en la justicia por el posible delito de malversación de fondos públicos. El denunciante del FISU, el abogado Jeremías Rodríguez, ampliará su declaración en el juzgado federal Nº12 de Comodoro Py que subroga el juez Ariel Lijo. La causa sobre el FISU en la que están imputados Grabois y Miño avanza más lento que una tortuga.
50 familias de Merlo esperan por los terrenos que aseguran haber pagado más allá del acuerdo entre el Estado argentino y la Cooperativa Darío Santillán. Las partes se habían comprometido a la construcción de «calles, Veredas, Cordón cuneta, Pluviales, Espacio verde, Centro comunitario + Centro de recreación y deporte, Alumbrado, Red eléctrica, Red de agua, Lotes en Merlo», tal como informa el expediente oficial firmado por Fernanda Miño, ex titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana de la que dependía el FISU –Fondo de Integración Socio Urbana-.
La cooperativa Darío Santillán está registrada, según INAES –Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social- en la calle Santiago del Estero 866, barrio de Constitución, Capital Federal. En esa misma dirección aparecen otras 6 cooperativas, entre ellas, la antes mencionada, Cooperativa de Vivienda Chacabuco.
Según relatan los vecinos, pagaban una mensualidad de 3000 pesos a la cooperativa de Vivienda Chacabuco vinculada a la cooperativa que debía construir los lotes con servicio. Negocio redondo.
El convenio entre Fernanda Miño y la cooperativa vinculada a Grabois se aprobó por 173.621.620 pesos de julio del 2021. Según el valor del dólar en esa fecha, el convenio se firmó por 1.715.120 dólares.
Los vecinos quieren saber dónde fue a parar esa plata.
