El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, ha endurecido su posición contra quienes respalden la reciente legislación estadounidense conocida como Ley Bolívar, que veta contratos con la dictadura de Venezuela.
En un acto público en Caracas, Maduro afirmó que quienes promuevan esta normativa “violan flagrantemente la constitución y las leyes de la República”. Además, advirtió que el Estado actuará “en nombre de la Justicia y la soberanía republicana” contra estas personas.
Durante su intervención, el dictador criticó duramente esta ley, calificándola como “una ley de guerra económica contra el pueblo de Venezuela” y señalando que “viola absolutamente todas las normas del Derecho Internacional”.
Según Maduro, esta normativa estadounidense busca normalizar que un congreso extranjero pueda intervenir en la soberanía de otros países. La reacción del régimen venezolano incluyó el inicio de una investigación contra la líder opositora María Corina Machado, señalada por apoyar la Ley Bolívar.
Según el Ministerio Público del régimen, Machado podría ser responsable de delitos como traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir, basándose en sus declaraciones públicas sobre el proyecto de ley.
El fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, calificó la normativa como un “adefesio jurídico”, mientras que las autoridades acusan a la dirigente de promover sanciones que perjudican al país.
Machado, una de las principales figuras de la oposición, ha sido una crítica abierta del régimen de Maduro y recientemente recibió una comunicación del senador estadounidense Rick Scott, quien confirmó la aprobación de la Ley Bolívar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Este proyecto de ley, presentado como una respuesta a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, impide contratar con entidades vinculadas al “Gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro”.
El proyecto de ley, respaldado de manera bipartidista en Estados Unidos, se enmarca en un esfuerzo por aislar financieramente al régimen de Maduro y fomentar un cambio político en Venezuela.
Según Scott, la Ley Bolívar lleva el nombre del héroe independentista venezolano Simón Bolívar como un símbolo de resistencia frente a la opresión. Sin embargo, Maduro ha rechazado esta denominación, describiéndola como un intento de “colonizar el mundo entero” bajo la hegemonía estadounidense.
La medida coincide con el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo por parte del Gobierno de Estados Unidos, en contraposición al cuestionado triunfo del dictador Maduro en las elecciones presidenciales.
Maduro no dudó en descalificar tanto a González como al proyecto de ley, calificándolo como “basura”. La polémica en torno a la Ley Bolívar refleja la intensificación de las tensiones entre el régimen de Maduro y la comunidad internacional, particularmente con Estados Unidos.
Las sanciones económicas y las restricciones comerciales han sido herramientas recurrentes en la política exterior estadounidense hacia Venezuela, enfocadas en presionar al régimen para que permita un retorno a la democracia.
Sin embargo, estas acciones han generado un debate sobre su impacto en la población venezolana, que ya enfrenta una profunda crisis económica y humanitaria.
Según los críticos de las sanciones, estas medidas han exacerbado la pobreza y dificultado el acceso a bienes esenciales, mientras que el Gobierno de Maduro las utiliza como excusa para desviar la atención de sus propias políticas internas.
(Con información de Europa Press)
