En una jornada marcada por el intenso debate legislativo, Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), anunció formalmente que se logró la firma del dictamen para el nuevo Régimen Penal Juvenil. Con este aval de comisión, la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada en el recinto la semana próxima, donde el Gobierno confía en convertirla finalmente en ley.
“La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, expresó la legisladora a través de sus canales oficiales. Bullrich enfatizó que el sistema actual deja desprotegidas a las familias de las víctimas, asegurando que “se terminó mirar para otro lado” ante la problemática de la delincuencia juvenil.
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Desde Washington D.C., donde cumple una agenda internacional, el presidente Javier Milei se sumó a las repercusiones del avance legislativo. A través de un breve mensaje en sus redes sociales, el mandatario ratificó su respaldo al proyecto y afirmó que “todo marcha acorde al plan”, vinculando esta reforma con su programa integral de seguridad y justicia.
X de Patricia Bullrich
El respaldo político y el escenario en el recinto
El proyecto llega al Senado con el impulso de la media sanción obtenida el jueves pasado en la Cámara de Diputados. En aquella instancia, la iniciativa cosechó 149 votos a favor, logrando una mayoría amplia conformada por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo e Independencia. En la vereda opuesta se ubicaron el peronismo, la izquierda y bloques provinciales como Elijo Catamarca y Defendamos Córdoba, quienes sumaron 100 votos en contra.
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La reforma apunta a derogar y reemplazar la Ley 22.278, una normativa dictada durante la última dictadura militar que, según los impulsores del nuevo texto, resulta obsoleta para la realidad criminal actual. El punto neurálgico del debate se centra en la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, una medida que genera fuertes discusiones entre especialistas en derecho penal y organismos de derechos humanos.
Puntos clave: sanciones y centros de reclusión
El texto que bajará al recinto la semana próxima propone un régimen especial de minoridad que busca equilibrar la punibilidad con medidas de resocialización. Si bien se establece la posibilidad de penas de hasta 15 años de cárcel para delitos graves (como homicidios o violaciones), el proyecto prohíbe taxativamente la aplicación de la pena de reclusión perpetua para menores de edad.
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Uno de los aspectos técnicos más relevantes es la disposición sobre los lugares de alojamiento. La ley fija que los menores condenados deben cumplir sus penas en establecimientos especializados, totalmente separados y alejados de los adultos criminales, para evitar el contacto que pudiera profundizar el ciclo delictivo.
El sistema propuesto introduce un abanico de sanciones alternativas para delitos menores. Para aquellas infracciones con escalas penales inferiores a los tres años, se descartan las penas de prisión. En el caso de delitos con penas de entre 3 y 10 años que no hayan provocado la muerte o lesiones gravísimas, la Justicia priorizará enfoques sociales y educativos, como la libertad asistida o la prestación de servicios a la comunidad.
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Hacia un nuevo paradigma de justicia
La aprobación de este dictamen representa una victoria política para la administración de Milei, que colocó a la baja de la imputabilidad como uno de sus ejes de campaña. Los defensores del proyecto sostienen que la ley actual permite una «puerta giratoria» para menores que son utilizados por bandas criminales debido a su condición de no imputables.
Por el contrario, los sectores de la oposición que rechazan la medida argumentan que la reducción de la edad no soluciona el problema de fondo del delito y que el Estado debería priorizar políticas de inclusión y prevención. Sin embargo, el consenso alcanzado entre las fuerzas del centro y la derecha parlamentaria parece indicar que el oficialismo cuenta con los números necesarios para que la Argentina adopte un nuevo estándar penal juvenil antes de que finalice el presente periodo legislativo.
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El debate de la semana próxima en el Senado se prevé extenso, dado que la oposición buscará introducir modificaciones técnicas, aunque el núcleo duro del proyecto —la imputabilidad a los 14 años— se mantiene inalterable en el dictamen de mayoría firmado este jueves.