El Tribunal Oral Federal 2 ordenó ejecutar el decomiso sobre propiedades, dinero y activos registrados a nombre de los condenados en la causa Vialidad, así como de sociedades y terceros vinculados.
El monto actualizado supera los $684.000 millones, tras el trabajo de peritos oficiales, fiscales y especialistas de la Corte. La medida también alcanza bienes en manos de Máximo y Florencia Kirchner, en su carácter de titulares de parte de los inmuebles sometidos a revisión.
La resolución, que deriva de la sentencia firme dictada a mediados de 2025, forma parte de la etapa de cumplimiento de pena y recuperación patrimonial en uno de los expedientes de mayor impacto institucional de los últimos años. El tribunal estableció un procedimiento para avanzar con la tasación, ejecución y posterior destino de los bienes incluidos en el decomiso, siguiendo las pautas fijadas por normativa local y por los tratados internacionales que obligan al Estado argentino a dar curso a estas medidas.
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El monto inicial fijado en la sentencia —más de $84.000 millones— fue recalculado tras la intervención de equipos técnicos. Con esa actualización, el tribunal intimó a los condenados al pago. Al no concretarse la obligación, avanzó con la ejecución sobre inmuebles, sociedades y fondos detectados durante la investigación. La medida abarca activos de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos., Loscalzo y Del Curto, entre otras firmas, además de propiedades registradas a nombre de integrantes de la familia Kirchner.
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“El monto actualizado asciende a $684.990.350.139,86”, dejó asentado el tribunal al incorporar el informe pericial. Y en la misma línea señaló que “los condenados no dieron cumplimiento a la intimación efectuada”, lo que habilitó la ejecución directa sobre el patrimonio identificado. Esos textuales, contenidos en la parte resolutiva, explican el avance decidido de la Justicia en esta etapa.
Otra parte del documento agrega que “el decomiso alcanza bienes que constituyen instrumentos, efectos o provecho del delito, aun cuando se encuentren en poder de terceros”, salvo casos de adquirentes de buena fe. De ese modo, el tribunal justificó la inclusión de bienes registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, quienes presentaron oposiciones junto a otras defensas. Entre esos planteos se cuestionó la falta de vínculo causal, la supuesta insuficiencia probatoria y la afectación de garantías constitucionales.
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La Justicia respondió que la sentencia firme acreditó beneficios económicos directos e indirectos derivados de contratos de obra pública adjudicados de forma irregular. En consecuencia, el decomiso no solo recae sobre los bienes detectados durante el período investigado —entre 2003 y 2015—, sino también sobre aquellos transformados o sustituidos en etapas posteriores, siempre que exista una relación razonable con la maniobra.
La Nación
El fallo también instruyó la inscripción de todos los activos decomisados en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados, lo que permitirá su seguimiento y eventual administración. Esta medida regirá para inmuebles urbanos y rurales, cuentas bancarias, vehículos y participaciones societarias. En caso de que el valor final de realización sea insuficiente, el tribunal habilitó la posibilidad de avanzar sobre bienes de otros condenados como Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
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La resolución será comunicada a la Corte Suprema para definir el destino final de los bienes, en cumplimiento del reglamento vigente. De acuerdo con los estándares internacionales citados en el fallo —entre ellos la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana—, el objetivo central de estas medidas es reparar el daño causado al Estado y promover la recuperación de activos en causas de corrupción complejas.
La Fiscalía, además, mantiene la facultad de identificar nuevos bienes que puedan ser incorporados al proceso de ejecución, siempre que cumplan con los criterios temporales, patrimoniales y probatorios establecidos. El tribunal recordó que esta fase puede extenderse en el tiempo debido a la complejidad de las operaciones, a la multiplicidad de inmuebles involucrados y a las valuaciones que deben realizarse antes de proceder a la liquidación.