En reiteradas ocasiones hemos dedicado este espacio a destacar la importancia de promover la seguridad vial. Las cifras de esta tragedia tienen el rostro del dolor, que se asocia a la negligencia de conductores y peatones, a la desidia de un Estado que no invierte en rutas y caminos, y a la falta de educación y de controles.
Resulta sumamente irritante comprobar que, por fuera de este nexo de múltiples causas y efectos, el interés por recaudar prevalece por sobre el trabajo en la prevención. Así lo demuestran las polémicas fotomultas, ardid recaudatorio que asegura jugosos ingresos, merced al cual las municipalidades del interior han sabido reemplazar a la Policía Caminera de antaño.
Semanas atrás, el consultor Gonzalo Novillo Saravia analizaba sesudamente la cuestión desde nuestras páginas y destacaba que un implacable aparato administrativo no procura impartir justicia sino recaudar. Su definición fue tajante: “Un sistema de emboscadas montado con precisión quirúrgica para generar ingresos automáticos”. Con unos 10 millones de conductores habilitados en la provincia de Buenos Aires, y la multa más baja superando los 200.000 pesos, una cifra impagable para muchos, podemos darnos una idea de los montos que engordan esta enorme caja negra con múltiples actores robándose activamente los unos a los otros. Así lo confirmó la denuncia presentada por Secutrans, operadora de radares, cansada de perder parte del botín a manos de terceros a partir de un supuesto esquema de borrado de multas por intermediarios.
El exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio –hombre de Sergio Massa ya complicado en una causa por lavado de dinero– fue imputado por fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito tras un presunto negociado millonario con las fotomultas y la operatoria de la VTV que motorizó una demorada renuncia a la función en diciembre pasado. Los aportes de un arrepentido permitieron confirmar, por un lado, una red de gestores que ofrecían 50% de descuento para borrar las infracciones. Por el otro, la participación de jueces de faltas y funcionarios del referido ministerio a partir de la llegada de D’Onofrio en 2022, que increíblemente continúan en sus puestos con la investigación en curso.
Las multas deben volver a ser una herramienta para que el infractor recapacite sobre sus acciones y priorice el cuidado de la vida, y no una confiscación disfrazada
En 2024 se contabilizaron 1.700.000 fotomultas en no menos de 89 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires que actualizaron los accesos al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito. El reparto contempla el 20% para la provincia, el 30% para el municipio, el 30% para la UTN, que certifica los equipos, y el resto, para las empresas operadoras.
Los ciudadanos rara vez recibían la notificación por las supuestas faltas cometidas, por lo cual se dispuso la constitución obligatoria de un domicilio vial electrónico y se habilitó un sistema de turnos online para facilitar la atención de los juzgados de faltas, generalmente desbordados e inaccesibles. Presentar un descargo obliga al multado a contratar un oneroso patrocinio letrado que supera muchas veces el valor de la multa. Los jueces generalmente son meros empleados municipales que rechazan sistemáticamente las defensas y bloquean las transferencias de automotores en una forma de coerción que termina imponiendo castigos automáticos.
El ciudadano está obligado a pagar. Poco importa el estado de una ruta o de un cartel vetusto, cuando no tapado por un arbusto o simplemente inexistente, señalando una velocidad máxima imposible de respetar. Se trata de verdaderas trampas “cazabobos”, pues también la ubicación y el funcionamiento de muchos radares y cinemómetros inducen a infracciones difíciles de evitar. Como ejemplo, las fotomultas labradas entre marzo y julio de 2023 en la ruta 205, en jurisdicción de Cañuelas, debieron ser anuladas por problemas en la señalética.
La progresiva digitalización y automatización de los procedimientos administrativos debería traer mayor transparencia y facilitar la operatoria. Las multas deben volver a ser una herramienta para que el infractor recapacite sobre sus acciones y priorice el cuidado de la vida, y no una confiscación disfrazada.