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El Santiagueñazo fue un levantamiento popular en Santiago del Estero, Argentina, que tuvo lugar en diciembre de 1993. Este evento es recordado como una de las primeras grandes rebeliones contra el neoliberalismo en Argentina, anticipando lo que más tarde serían las jornadas revolucionarias de 2001. La revuelta fue una respuesta directa a las políticas de ajuste económico y corrupción que caracterizaron la década de 1990 bajo el gobierno de Carlos Menem.
Contexto y Desarrollo del Santiagueñazo
La situación económica de Santiago del Estero era crítica. El gobernador Fernando Martín Lobo, quien asumió el cargo tras la renuncia de Carlos Aldo Mujica, enfrentaba una provincia con salarios estatales adeudados por tres meses y una nueva ley, conocida como la ley Ómnibus, que proponía despidos masivos y recortes salariales del 50% para los empleados públicos restantes. Esta ley fue la chispa que encendió la furia popular, ya que afectaba directamente a la mitad de la fuerza laboral de la provincia, compuesta mayoritariamente por trabajadores estatales.
El 16 de diciembre de 1993, los gremios estatales como ATE y SIVIPSE convocaron a una movilización en contra de la ley Ómnibus. Sin embargo, la manifestación superó las expectativas, convirtiéndose en una pueblada que exigía la renuncia del gobernador Lobo. La situación se tornó violenta cuando los manifestantes incendiaron una camioneta cerca de la Casa de Gobierno, provocando la huida de Lobo y otros funcionarios. La sede gubernamental fue incendiada, y la revuelta se extendió a otras instituciones como los Tribunales y el Poder Legislativo.
La policía, incapaz de controlar la magnitud de la protesta, se retiró, y los manifestantes dirigieron su ira hacia las propiedades de políticos y funcionarios corruptos, saqueando e incendiando sus casas. A pesar de la pobreza extrema y el hambre que afectaba a la población, no se registraron saqueos a comercios privados, lo que indica que la bronca estaba dirigida específicamente contra la clase política.
Consecuencias y Análisis Político
El Santiagueñazo demostró que incluso demandas mínimas, como el pago de salarios adeudados, podían transformarse rápidamente en una lucha política más amplia contra las instituciones y los partidos tradicionales. La intervención del gobierno nacional, ordenada por Carlos Menem desde Roma, incluyó el envío de gendarmería para reprimir la revuelta, resultando en cuatro muertos y cientos de detenidos. Sin embargo, la intervención también trajo los fondos necesarios para pagar los salarios adeudados, lo que temporalmente apaciguó la situación.
Una de las lecciones más importantes del Santiagueñazo es la falta de una dirección política clara que pudiera canalizar la energía de la revuelta hacia un cambio más profundo y duradero. Aunque la movilización logró hacer huir a los funcionarios y obtener el pago de salarios, no pudo derogar la ley Ómnibus ni evitar que figuras corruptas como Carlos Juárez regresaran al poder en 1995. Juárez, cuya casa fue incendiada durante el levantamiento, fue reelecto y estableció una red de espionaje e intimidación para sofocar futuras rebeliones.
El Santiagueñazo es un ejemplo de cómo las políticas neoliberales pueden provocar fuertes reacciones populares cuando se combinan con corrupción y falta de respuestas a las necesidades básicas de la población. Este evento anticipó el descontento que estallaría a nivel nacional en 2001, cuando el «que se vayan todos» se convirtió en el grito de guerra de millones de argentinos hartos de la clase política.
Durante esa década neoliberal, hubo otros importantes levantamientos populares. Entre ellos, en 1996, las localidades de Cutral Có y Plaza Huincul en Neuquén fueron el epicentro de una rebelión protagonizada por trabajadores desocupados, principalmente ex empleados de YPF tras la privatización de la empresa. Estos trabajadores, que habían pasado de ser relativamente bien pagos a vivir en condiciones de pobreza, bloquearon rutas y se enfrentaron a la represión policial. La gendarmería fue movilizada para desalojar las rutas, pero se encontró con una fuerte resistencia de la población local. También en 1997, las provincias de Salta y Jujuy vivieron levantamientos significativos por parte de desocupados, que pusieron en jaque al gobierno menemista. Estas rebeliones fueron una respuesta a las políticas de ajuste y privatización que habían dejado a muchos trabajadores sin empleo. Los métodos de lucha incluyeron asambleas democráticas, piquetes y autodefensa frente a la represión, reviviendo tradiciones de lucha que habían sido olvidadas por la burocracia sindical tradicional.
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