En las últimas horas Agustín Laje y Daniel “el Gordo Dan” Parisini, dos de los más fervientes propagandistas del ultraderechista gobierno de les hermanes Milei, fueron denunciados penalmente por un conjunto de organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y culturales. Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) , que nuclea a esas organizaciones, los acusan de encabezar una sistemática campaña de odio, discriminación y apología del crimen contra referentes y grupos de personas a través de medios y redes sociales.
“Como nos enseñaron Norita (Cortiñas), Mirta (Baravalle) y todas las Madres (de Plaza de Mayo), instamos la presente denuncia”, dicen los dos escritos presentados ante los Tribunales Federales de Comodoro Py (a los que accedió este diario). Allí recuerdan que el EMVJ es un “espacio unitario, independiente del Estado y los gobiernos” que lleva años “impulsando los juicios de Lesa Humanidad (…) exigiendo la reapertura de los archivos de la dictadura, denunciando las complicidades civiles, oponiéndonos al negacionismo de los crímenes estatales, acompañando la búsqueda de los nietos apropiados, exigiendo la restitución de su identidad y luchando contra la impunidad de ayer y de hoy”.
En ese marco, recuerdan que “los discursos negacionistas y de odio que realzan la violencia estatal y paraestatal” tienen larga data en Argentina. Citan de hecho algunos ejemplos como la Triple A, la Concentración Nacional Universitaria (CNU), el Comando Libertadores de América y la Liga Patriótica.
Ambas denuncias fueron presentadas en Comodoro Py por abogados de organizaciones que integran el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Entre los firmantes están el Colectivo de Abogados Populares La Ciega, el Serpaj, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Sobrevivientes de Campo de Mayo, Hijos Oeste, el Encuentro Militante «Cachito» Fukman, la Mutual Sentimiento, Cadhu, Hermanos, el Colectivo Memoria Militante, Anfedh y Fadhus.
La acción penal contra Laje cayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 que conduce el juez Ariel Lijo, nada menos que uno de los jueces propuesto por el Gobierno para ocupar uno de los sillones de la Corte Suprema de Justicia. La denuncia contra Parisini, en tanto, se tramita en el Juzgado 4 del mismo fuero, a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
A Laje lo acusan de cometer “apología del crimen”. Según el artículo 213 del Código Penal, esa imputación le cabe a quien haga “públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”. Y le suman el agravante establecido en la Ley 23.592 sobre “actos discriminatorios”, que penaliza a quien haga propaganda basado “en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas”, y justifique o promueva la discriminación a través de “la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas”. Por ambos delitos podría caberle una pena de hasta tres años de prisión.
A Parisini, en tanto, se lo acusa de incurrir en “intimidación pública” e “incitación a la violencia colectiva”, tal como lo tipifican los artículos 211 y 212 del Código Penal. Las penas contempladas pueden alcanzar los seis años de cárcel para quien difunda “un temor público” a través de mensajes y amenazas de “la comisión de un delito de peligro común” y/o incite públicamente “a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.
Las pruebas contra Laje
La denuncia contra el flamante presidente de la reaccionaria Fundación Faro toma como prueba central un video en el que éste despliega una expresa apología del genocidio, atacando a las mundialmente reconocidas Madres de Plaza de Mayo. En el video, Laje dice que “estas viejas de mierda (…) criaron a chicos para matar, para poner bombas, para secuestrar, para torturar, y con toda justicia les mataron a sus hijos. Con toda justicia, con toda justicia, porque el mejor terrorista es el terrorista muerto”.
[AHORA] «Son unas viejas hijas de puta»: Agustín Laje sostuvo que las Madres de Plaza de Mayo «criaron chicos para matar», «poner bombas», «secuestrar» y «torturar», y, cuando los mataron «con toda justicia», fueron «a llorar». https://t.co/M9m8mCMpjj pic.twitter.com/WFWNp7uDbQ
— ElCanciller.com (@elcancillercom) July 29, 2024
Les denunciantes agregan que “según el último dato oficial, existen 1.159 represores condenados por delitos de lesa humanidad, es decir, cuando Laje dice que ‘con toda justicia les mataron a sus hijos’ está enalteciendo el acto de ‘matar’ como un acto moralmente valorable, negando la existencia de cientos de fallos judiciales donde, habiendo cumplido con todas las garantías procesales de defensa en juicio de los imputados, se probaron los delitos de Lesa humanidad que cometieron en perjuicio de una parte de la población civil, entre ellos, se encuentran los hijos de esas ‘viejas’, a las que alude Laje en sus dichos”.
“No sólo niega los crímenes de Estado cometidos por la última dictadura militar de nuestro país, invirtiendo los roles entre víctimas y victimarios, sino que los reivindica, poniendo en cuestionamiento a las víctimas y a sus familiares”, continúa el escrito presentado ante el juez Lijo. Y plantea que, según Laje, “los delitos de lesa humanidad cometidos por los condenados que llevaron a cabo un genocidio en nuestro pais, son actos de justicia”.
Las pruebas contra el Gordo Dan
En el caso del streemer que en el último año escaló en seguidores a partir de comandar un ejército de trolls pagos desde las oficinas de la Casa Rosada, les denunciantes destacan sus propias definiciones y arengas realizadas el 16 de noviembre durante el lanzamiento de la agrupación Fuerzas del Cielo en la localidad bonaerense de San Miguel. Se trata del acto viralizado y cuestionado masivamente por su destilada simbología nazifascista.
El escrito que tiene en sus manos el juez Rafecas destaca que de aquel evento, además de “Dan” y Laje, participaron funcionarios como el secretario de Culto y Civilización (sic) de la Nación Nahuel Sotelo, el presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza en la Cámara baja bonaerense Agustín Romo y el director titular de la empresa estatal Intercargo Lucas Luna.
Parisini dijo en ese acto que “la agrupación Fuerzas del Cielo que se está formando hoy aquí es el brazo armado de La Libertad Avanza, es la guardia pretoriana del presidente Javier Milei”.
“El lanzamiento de esta agrupación nos preocupa particularmente no solo por el nivel de violencia que expresan sus referentes, sino por el apoyo visible que reciben por parte de funcionarios estatales muy cercanos al Presidente de la Nación”, reforzaron desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en su denuncia.
Y agregan que “no es inocua la estética elegida para dar a conocer a la sociedad el surgimiento de la organización”, ya que “además de expresar que son el brazo armado del partido político oficial que hoy gobierna el país, muestra con total intencionalidad una estética y escenografía fascista”. En ese marco plantean que tal simbología es un mensaje claro que acompaña las palabras de Parisini.
“La agrupación Fuerzas del Cielo debe ser valorada en el marco de una escalada de discursos de odio y persecución a sectores populares, de vinculaciones entre referentes de esta agrupación de derecha y funcionarios públicos en ejercicio”, insiste la denuncia al tiempo que pide al Poder Judicial que investigue si la “actividad y conformación de la agrupación Fuerzas del Cielo se financian con recursos estatales”.
Por todo ello desde el EMVJ solicitan a Rafecas que “libre orden de allanamiento a los domicilios personales y oficinas laborales” de los funcionarios Romo, Sotelo y Luna. Quieren saber si del análisis de teléfonos, computadoras y cuadernos de los nombrados pueden obtenerse las respuestas sobre el financiamiento de esa campaña de odio, discriminación y apología del crimen.
