En los últimos años, varios casos de corrupción relacionados con el uso indebido de fondos públicos han sacudido a la política y al espectáculo en Argentina. Las investigaciones y los procesos judiciales buscan esclarecer maniobras que habrían desviado recursos estatales destinados a proyectos culturales y sociales.
El sector audiovisual estuvo en el centro de varias denuncias por irregularidades en la asignación y uso de subsidios y contratos estatales. La fiscalía y los tribunales avanzaron en causas que involucran a figuras conocidas, tanto políticas como artísticas, lo que complejiza aún más el entramado judicial y mediático. La búsqueda de justicia se enfrenta a testimonios, pericias y acusaciones cruzadas que enmarcan procesos extensos y de gran repercusión.
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En este contexto, Andrea del Boca se encuentra en el centro de una investigación que revisa el financiamiento otorgado para la producción de una telenovela. La actriz, que goza de reconocimiento nacional, ahora enfrenta serias acusaciones que ponen en tela de juicio la legalidad del proyecto y el uso de los recursos públicos involucrados.
La reconocida actriz está acusada de participar en una maniobra para desviar fondos públicos en la producción audiovisual que nunca se emitió
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Según se supo, del Boca enfrenta un pedido de tres años y medio de cárcel por un supuesto fraude millonario relacionado con el financiamiento estatal de la telenovela “Mamá Corazón”, que nunca se terminó de producir. La fiscal federal Fabiana León la señala como “partícipe necesaria” de una maniobra destinada a defraudar a la administración pública.
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Junto a ella, la fiscal solicitó penas para otros implicados, entre ellos el exministro Julio De Vido, considerado autor del fraude, con un pedido de cuatro años y medio de cárcel y la inhabilitación perpetua para cargos públicos. También fueron procesados Carlos Ruta, exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y otros funcionarios como Maximiliano Schwerdtfeger, Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada, para quienes se pidió la devolución al Estado de más de $3.000.000 de dólares.
El caso investiga un supuesto esquema irregular en el financiamiento para producir Mamá Corazón, gestionado a través de la UNSAM. Según la fiscalía, se usó un mecanismo para otorgar dinero público sin concursos ni controles adecuados, favoreciendo a la productora de Andrea del Boca, A+A Group. La investigación señala cláusulas “arbitrarias y leoninas” en el contrato que otorgaban exclusividad para vender la serie en el exterior, aunque todo el dinero provino de fondos estatales.
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El origen del caso se remonta a 2016, cuando una investigación periodística reveló que la productora había recibido más de $24.000.000 de pesos mediante convenios entre el Ministerio de Planificación, dirigido por De Vido, y la UNSAM. En 2018, el juez Sebastián Ramos procesó a De Vido, a Del Boca y a Ruta, destacando que la maniobra estaba “planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca” y que la decisión fue “una voluntad predominantemente política”.
También están imputados el exministro Julio De Vido y exautoridades de la UNSAM
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Aunque Mamá Corazón nunca se emitió, la productora cobró el 76% del contrato, mientras que otras producciones recibieron solo el 7%. El contrato preveía además un 10% de ganancia extra y exclusividad para la venta internacional. Tras el cambio de gobierno en 2015, el financiamiento fue suspendido.
La Cámara Federal confirmó los procesamientos y embargos y destacó que el problema no fue el convenio en sí, sino “la desnaturalización de su objeto y su utilización para evadir controles con miras al desvío de fondos públicos”.
Por su parte, la defensa de Andrea del Boca sostiene que no hubo delito ni perjuicio económico, y que la novela se realizó en un 100%. El abogado Juan Pablo Fioribello aseguró que los testigos declararon a favor de la actriz y que una pericia de la Corte Suprema no detectó irregularidades en el uso de fondos.
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El Tribunal Oral Federal N° 7 debe dictar sentencia próximamente, poniendo fin a un juicio esperado desde hace años que divide opiniones sobre la responsabilidad en este millonario caso de corrupción.
Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR.