Marcela y Eduardo son los padres de Marina Champagna, una joven comodorense actualmente mayor de edad, pero que tenía 16 años cuando empezó esta historia. O mejor dicho: calvario.
Tras seis años de litigio en fueros penales, civiles y de familia, Marcela Hernández y Eduardo Champagna decidieron enviar un mensaje a los jueces que en este tiempo fueron decidiendo sobre sus vidas y bienes.
“Todo arranca a partir en 2015. Una mujer dominicana se instala en Comodoro Rivadavia, donde vivimos. Logramos una conexión para hacernos masajes. Vamos con mi hija Marina, que tenía 16 años en ese momento. Nos dice que nuestra hija tenía dones de sanación y curación y que había que prepararla”, cuenta Marcela en comunicación con El Patagónico.
En rigor, fueron influidos por una organización integrada por una ciudadana dominicana y sus dos hijos. El grupo operaba bajo una fachada comercial con modalidad piramidal en Comodoro Rivadavia. Su sede física es un comercio ubicado en una esquina céntrica y contaban con la asistencia de una psicóloga radicada en Puerto Madryn.
INDUCIDOS A MUDARSE
Según relatan los padres, en 2019 la familia fue inducida a mudarse a Puerto Madryn. Allí vivieron los tres hasta julio de ese año, momento en el cual el matrimonio decidió regresar a Comodoro Rivadavia y cortar vínculos con la organización, luego de experimentar un progresivo deterioro en la convivencia con su hija, quien se había vuelto “muy agresiva”. Hoy desconocen su situación actual. Las pocas veces que lograron verla, la notaron “angustiada y con miedo”.
También señalaron que la joven se encontraba en tratamiento con la psicóloga de Madryn, con quien incluso convivió cerca de un año. La profesional fue identificada como E.S.C., tiene más de 70 años y ya fue denunciada ante el Colegio de Psicólogos de la ciudad del noreste de Chubut.
En este contexto, los padres afirmaron haber sido víctimas de maniobras económicas fraudulentas. No solo les fueron quitando fondos, sino que los llevaron a firmar un pagaré en blanco que se transformó en una deuda de 85 mil dólares. Por esta razón, su departamento en Comodoro Rivadavia –ubicado en Sarmiento al 600- fue rematado y el próximo jueves deben entregarlo. La causa civil por la supuesta deuda la inició un juez de Puerto Madryn: Luis Horacio Mures.
Desde 2019, los Champagna realizaron diversas denuncias por “asociación ilícita, abuso de confianza, fraude económico y vulneración de derechos”. En 2023 presentaron su caso ante el Juzgado Federal N° 2 de Rawson con el objetivo de recuperar a su hija. Durante los dos años que duró la investigación, viajaron reiteradamente a la capital provincial.
Sin embargo, según indican, este año se enteraron informalmente del archivo de la causa, sin haber recibido comunicación oficial de parte del juez Guillermo Gustavo Lleral, el mismo que cerró el caso de la desaparición de Santiago Maldonado.
¿QUE PASO CON LOS ALLANAMIENTOS?
El escrito destaca que durante el proceso judicial se realizaron allanamientos, donde dos personas de nacionalidad dominicana fueron detenidas. Los Champagna afirman que se recolectaron pruebas materiales, testimoniales y otros elementos de convicción que, en algunos casos, ellos mismos aportaron. Pero la justicia desoyó sus denuncias.
Identifican como responsables del perjuicio a A. J. L. P., sus hijos S. E. D. P. y F. D. P., y a la psicóloga E.S.C., todos residentes en Puerto Madryn. Señalan que estas personas encubren sus actividades ilícitas detrás de negocios “lícitos”, como ventas piramidales de filtros de agua, peluquerías, geriátricos y lavaderos de autos.
“La metodología de este grupo coercitivo transforma a la persona en un objeto, un ser no individual. Las víctimas no ingresan voluntariamente: son captadas”, explican.
Además de cuestionar la actuación de la Justicia Penal, critican al fuero Civil y al de Familia, ya que lejos de interactuar entre sí, cada uno fue decidiendo en forma inconexa sobre situaciones puntuales, como cuando se les prohibió a los padres tener contacto con su hija por una denuncia de la joven que luego sería desechada por el Ministerio Público Fiscal de Madryn.
Pero mientras el juez Gustavo Lleral archivó la causa penal, su colega civil Alejo Trillo Quiroga avanzó con la ejecución de la deuda del pagaré, sin contemplar las denuncias existentes en Madryn. Por ello insisten en acusar a los jueces de actuar de forma fragmentada, sin considerar el contexto integral del conflicto, y cuestionan también la decisión del juez Mures, quien inició el procedimiento de embargo.
¿QUE PASO CON MARINA?
“No sabemos nada de nuestra hija: ni dónde vive, ni cómo está, ni de qué trabaja”, afirman. Y agregan: “El argumento de que es mayor de edad no alcanza en casos complejos como este”. Denuncian un “mutismo total” por parte del Juzgado Federal N° 2 y remarcan que mientras los denunciados fueron notificados del archivo de la causa, ellos debieron solicitar esa información expresamente.
En su mensaje final, se dirigen directamente al juez federal de Rawson, Gustavo Lleral. “¿Qué más pruebas necesita Ud., como hombre de leyes, para tomar una decisión justa en esta causa? Sobreabundan las pruebas, sólo falta la decisión correcta, la decisión justa. Proteja a nuestra hija Sr Juez; lo hago cargo a Ud, y a su equipo, quienes realizaron el seguimiento de las pruebas y actuaciones, por la integridad física moral y emocional de nuestra querida hija Marina. Seguramente Ud será padre, o hijo, o tiene hermana y madre; no puede ignorar nuestro sufrimiento prolongado en el tiempo, siendo personas respetuosas de la ley, pero con un límite”, piden los Champagna.
“Detenga Usted este atropello a nuestros bienes sabiendo que son las mismas personas involucradas las que quieren embargar nuestros bienes, y quieren ir por todo, procedimiento iniciado en Puerto Madryn por el juez Mures, y continuado en la ciudad de Comodoro Rivadavia por el juez Alejo Trillo Quiroga, del Juzgado de Ejecución N°3 de Comodoro Rivadavia-Expte 514/2023”, concluyen.