No es una ruta, ni un megaproyecto de ingeniería, ni una escuela o un hospital. La nueva obra pública terminada durante la presidencia de Javier Milei será una cárcel. Según confirmaron fuentes de distintas áreas del Gobierno, el 18 de diciembre próximo está previsto que concluyan las tareas en el flamante Centro Federal Penitenciario ubicado en Coronda, a menos de dos horas de Rosario, en Santa Fe.
En un año en el que predominó la frase “no hay plata”, el Ejecutivo liberó más de $5000 millones, la mayoría de los fondos necesarios para finalizar esta prisión, que comenzó a construirse hacia finales del segundo mandato de Cristina Kirchner, sufrió parates y casi 10 años después podrá albergar a 462 presos de mediana seguridad, principalmente vinculados al narcotráfico.
Esto permitirá “un efecto de descompresión”, según definieron funcionarios nacionales y provinciales. En Santa Fe, donde el narco más ha golpeado, 650 presos federales cumplen su condena en destacamentos provinciales, cuando en realidad deberían ser 50, según detallaron desde la gestión de Maximiliano Pullaro. La nueva cárcel “tendrá un impacto grande” porque permitirá mudar a parte de esos reclusos y devolver a los policías asignados a destacamentos desbordados para que vuelvan a patrullar las calles.
“Es un bálsamo en el desierto”, definieron en uno de los despachos del Gobierno. Este funcionario explicó que “nadie construye cárceles” y la administración libertaria estaba decidida a hacerlo. De hecho, esta prisión en Coronda fue la obra que más fondos absorbió del Gobierno.
Para ponerlo en números, el Poder Ejecutivo destinó $12.719 millones para los 62 proyectos a su cargo que registraron avances durante este año, aunque solo 19 recibieron transferencias del Estado. El 31% de esos recursos financiaron los trabajos en la prisión de Coronda. Ese porcentaje surge de un pedido de acceso a la información pública respondido por el Ministerio de Economía con datos a octubre.
El nivel de prioridad que el Gobierno le asignó al nuevo Centro Federal Penitenciario también puede verse en los millones de pesos que gastó la gestión libertaria. Si se toman los datos incluyendo el mes pasado, pagó $5453 millones y el 28 de noviembre amplió el presupuesto de la Secretaría de Obras Públicas “con el objeto de atender erogaciones que hacen a su funcionamiento y obras del Centro Federal Penitenciario del Litoral, Coronda”. La cifra que demanda esta prisión es más del doble de lo que transfirió para obras del acueducto San Javier, que tiene como propósito abastecer de agua potable a 124.000 personas, y unas 17 veces superior a las erogaciones que hizo para financiar la ampliación de la guardia y emergencia, y la remodelación del servicio de trasplante de médula ósea del Hospital Garrahan.
Pese a que su licitación se publicó el 2 de septiembre de 2014 y que el 25 de agosto de 2015 se adjudicó por $344.701.287, el costo total estimado de la prisión asciende a $10.138 millones. Es decir, nueve años después, su precio nominal se multiplicó por 28, luego de los efectos de la inflación y la devaluación.
Según la Dirección Nacional de Inversión Pública, el actual Gobierno financió más de la mitad de este proyecto, que nació durante el último mandato de Cristina Kirchner. Solo en 2024 se transfirieron $5453 millones. Durante la gestión de Alberto Fernández, $2195 millones, y -entre 2018 y 2019- unos $221 millones.
“Esta cárcel se debió terminar en cuatro años”, indicaron fuentes de la provincia de Santa Fe. Describieron que tuvieron que “sacar policías de las calles” para que vigilen a presos en comisarías u otros centros. Por eso, el efecto del letargo no solo ocasionó reactualizaciones de precios, sino que también demoró la llegada de una cárcel que hubiera sido muy necesaria por el ritmo al que creció el delito en Rosario.
A propósito de los nueve años que demandó construir esta nueva cárcel en Coronda, los funcionarios santafesinos trazaron un paralelismo con un ejemplo de su historia relativamente reciente. Recordaron que la Unidad Penal 16 de Rosario, que tiene capacidad para 320 presos, fue inaugurada en 2015 por el entonces gobernador Antonio Bonfatti y terminarla llevó cuatro años.
Esta nueva cárcel de mediana seguridad no forma parte del prospecto de megaobras (como la reversión del Gasoducto Norte, que costó un total de US$740 millones), pero sí es grande, ya que se trata de un complejo de 15.767 metros cuadrados. Tiene cuatro pabellones, dos con celdas colectivas y otros dos con 56 celdas para un solo recluso; cuenta con patios internos y un espacio escolar con seis aulas.
“Es una construcción que estaba frenada y arrancó de nuevo porque Santa Fe necesita una cárcel federal”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando visitó la obra en julio pasado. Al comparar las fotos de 2022 con las de julio de 2024 se puede observar que la obra civil tenía gran avance hace dos años. “Estaba al 85%, faltaban detalles y agregar medidas de seguridad dentro de la cárcel”, explicó un funcionario sobre los trabajos realizados durante la gestión libertaria.
LA NACION intentó contactar a referentes del área de obras públicas de la gestión anterior, pero no respondieron las consultas sobre avances del proyecto durante su administración.
La nueva cárcel de Coronda funcionará como una excepción a la parálisis general que golpeó la obra pública durante 2024. “El que las hace las paga”, suele repetir el Gobierno para reforzar su política de seguridad. Ese slogan, en proyectos de infraestructura también parece funcionar.
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