Qué posibilitará la declaración de emergencia

Ante los recientes movimientos de suelo detectados en el área próxima al cerro Hermitte, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró el Estado de Emergencia Geológica y Urbanística con el objetivo de reducir riesgos y proteger a la población expuesta. La medida, que regirá inicialmente por un plazo de 90 días desde su promulgación, podrá extenderse si persisten las condiciones de peligro.

La ordenanza faculta al Ejecutivo municipal a disponer de herramientas extraordinarias para afrontar la situación, entre ellas la readecuación de partidas presupuestarias y el uso de fondos de libre disponibilidad. Además, se autoriza la gestión de recursos ante organismos provinciales, nacionales e incluso internacionales, con el fin de financiar las acciones necesarias.

Uno de los ejes centrales del régimen de emergencia es la implementación de un sistema excepcional de contrataciones, que permitirá acelerar la compra de insumos, la contratación de servicios y la ejecución de obras vinculadas exclusivamente a la mitigación del riesgo geológico. Estas operaciones deberán cumplir con los controles legales correspondientes y serán publicadas en el Boletín Oficial Municipal.

La normativa también dispone la elaboración de un Plan Integral de Intervención y Seguridad, que contempla estudios técnicos actualizados, trabajos de estabilización de taludes, obras de drenaje pluvial, monitoreo continuo del terreno y la identificación precisa de sectores con riesgo crítico.

En el plano social y preventivo, el Municipio podrá activar protocolos de evacuación, establecer puntos de encuentro seguros, implementar sistemas de alerta temprana y garantizar asistencia socio-sanitaria.

Según las estimaciones oficiales, unas 2.000 personas podrían verse afectadas directa o indirectamente, para lo cual se analizan distintas alternativas de alojamiento transitorio.

Finalmente, la ordenanza prevé beneficios fiscales temporales para los vecinos cuyos inmuebles resulten dañados o se encuentren dentro de áreas consideradas de alto riesgo, y establece un esquema de seguimiento legislativo: el Ejecutivo deberá informar periódicamente al Concejo sobre el avance de las medidas y la evolución de la emergencia.

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