Este lunes al mediodía se llevó a cabo la audiencia de control de detención y apertura de la investigación por un delito contra la propiedad ocurrido el sábado a la noche en el establecimiento rural “Cerro Tacho”. En el marco del proceso, el Ministerio Público Fiscal imputó a Néstor Ulloa, José Luis Ojeda y Francisco Vignale por el delito de robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en carácter de coautores.
El representante de Fiscalía, Maximiliano Morsucci, solicitó que se declarara legal la detención de los tres imputados, se formalizara la investigación penal y se dictara la prisión preventiva por tres meses, al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Según relató el fiscal, el hecho ocurrió el 13 de diciembre, alrededor de las 21 horas, cuando los imputados ingresaron al establecimiento tras cortar el candado de la tranquera. En el interior se encontraba el peón rural, a quien redujeron atándolo de pies y manos. Luego sustrajeron diversos elementos de valor y, antes de huir, agredieron a la víctima con puntapiés. Los objetos robados fueron cargados en la caja de una camioneta Ford Ranger Raptor, en la que escaparon por la Ruta 39.
El peón logró desatarse y alertó al propietario del campo. Posteriormente, un familiar del damnificado divisó el vehículo a la altura de Diadema —a unos 135 kilómetros del establecimiento— y dio aviso a la Subcomisaría de Palazzo. Personal policial logró interceptar la camioneta tras una breve persecución por el barrio Gas del Estado, procediendo a la detención e identificación de los ocupantes y al secuestro de los elementos sustraídos.
Durante la audiencia, la defensa de Ulloa, a cargo de Mauro Fonteñez, no cuestionó la legalidad de la detención ni la calificación legal, pero se opuso al pedido de prisión preventiva y solicitó la libertad de su asistido con presentaciones semanales, o de manera subsidiaria, arresto domiciliario. En el mismo sentido se manifestaron los defensores de Ojeda y Vignale, Gustavo Oyarzún y Juan Bill, quienes también rechazaron la medida de coerción solicitada por Fiscalía.
Finalmente, el juez penal Miguel Caviglia resolvió declarar legal la detención, autorizar la apertura de la investigación y tener por formalizada la imputación. No obstante, rechazó el pedido de prisión preventiva y dispuso la libertad de los tres imputados, imponiéndoles como medida sustitutiva la obligación de presentarse semanalmente ante la Oficina Judicial durante un plazo de tres meses. El magistrado consideró que los acusados cuentan con arraigo suficiente y que no existe riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación, por lo que la prisión preventiva resultaría una medida desproporcionada.