La oposición no le da tregua al gobierno de Javier Milei en el Congreso y ahora apunta un cañón hacia el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contra quien un grupo de diputados presentaron una moción de censura por el conflicto en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Ejecutivo se niega aplicar, un mecanismo parlamentario que abre la puerta a la posible remoción del funcionario.
La moción fue presentada por el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño y acompañada por las firmas de Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Mónica Fein. Son todos de la misma bancada, pero según indicaron a iProfesional fuentes opositoras, se prevé que otros bloques hagan presentaciones en el mismo sentido.
El fundamento de los diputados para avanzar con esta iniciativa es la decisión del gobierno de Milei de promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad -cuyo veto fue rechazado por el Congreso días atrás- pero sin aplicarla. Para eso, el decreto que firmó el Presidente le pide al parlamento que «incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución» de la ley.
La oposición le apunta a Guillermo Francos en Diputados: ¿pueden removerlo de su cargo?
La moción de censura se incorporó a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 y consiste en dos etapas: la primera es la aprobación de la interpelación del funcionario en el recinto de la Cámara y la segunda es la «de ejecución», donde una vez aprobado el proyecto tiene como efecto inmediato la remoción del cargo.
Ambas etapas requieren de la aprobación por mayoría absoluta, que en Diputados es 129 votos. Para la remoción se debe expresar también el Senado, donde se necesitan 37 voluntades. El dato clave en este aspecto es que el mismo arco opositor superó con creces en las dos Cámaras esa mayoría tanto en la aprobación de la Emergencia en Discapacidad como en el rechazo del veto de Milei.
Con la iniciativa de Encuentro Federal la oposición puso en marcha la primera etapa y ahora necesitará una mayoría de 129 para interpelar a Francos en el recinto «a los efectos de iniciar una moción de censura», cuyas causales, según el texto, son la «nulidad e ilegalidad» del decreto que promulgó pero dejó en suspenso la ley sobre discapacidad, la «violación de la división de poderes» y el «incumplimiento» de la Ley de Administración Financiera.
Este último punto es una de las claves de la avanzada opositora contra Francos, porque esa ley establece que el jefe de Gabinete es el encargado de reasignar y adecuar las partidas cuando la administración nacional funcione con un presupuesto nacional prorrogado por no contar con una ley presupuestaria aprobada por el Congreso, como ocurre en la actualidad.
Para la oposición, la decisión del Ejecutivo de reclamar al Congreso que establezca las partidas para atender la Emergencia en Discapacidad como condición para aplicarla implica una violación de esa norma y un incumplimiento por parte del jefe de Gabinete de las funciones que le impone la Ley de Administración Financiera.
La reacción del jefe de Gabinete a la inicitativa de la oposición y su argumento en la disputa
En el entorno de Francos deslizaron a iProfesional que la iniciativa de la oposición les parece «un sinsentido», aunque adelantaron que el jefe de Gabinete irá a responder las preguntas de los diputados si el pedido de interpelación se aprueba. «Todavía tiene que juntarse el Congreso y aprobarlo, después dará las explicaciones y se verá», señalaron.
No obstante Francos sostuvo que hay una «cuestión de interpretación» en la que disiente con los diputados que impulsan la moción de censura. «Obviamente lo hacen desde un punto de vista constitucional, tienen todo el derecho de interpelarme o pedirme la moción de censura, pero creo que lo hacen por una causa equivocada», señaló en declaraciones radiales.
El jefe de Gabinete subrayó que el Gobierno le pide a los legisladores que les digan de dónde deben sacarse los fondos «porque el artículo quinto de la Ley 24.629 dice que ‘toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos, en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional’».
Se advierte, en efecto, un choque de interpretaciones sobre la legalidad de lo que hizo el Ejecutivo con la Emergencia en Discapacidad y sobre la función de Francos en ese aspecto. La discusión podría empezar a resolverse recién cuando la Cámara de Diputados interpele al jefe de ministros, en caso de que se apruebe la iniciativa.
¿Cómo fundamentaron su planteo los diputados de la oposición?
En los fundamentos del proyecto, Agost Carreño sostuvo que «la promulgación de la ley aludida, pero sin cumplir, sienta un peligroso antecedente«, porque «condiciona a un poder del Estado en su labor, a una tarea que compete al Poder Ejecutivo, que dicho sea de paso, gobierna sin presupuesto hace dos años».
Al respecto, el diputado cordobés consideró que la interpretación que hace el Ejecutivo para mantener en suspenso la aplicación de la norma es «ilegal e inconstitucional» y, además, apuntó contra la situación económica y la falta de partidas que acusa el Gobierno para el área de discapacidad: «La pregunta madura por sí sola, ante un contexto de emisión cero, equilibrio e incluso superávit fiscal, ¿Por qué está tan urgido de divisas?», disparó el legislador.
En tanto, los otros diputados que acompañaron el proyecto también alertaron por la decisión del Gobierno, con la mira en Francos. Uno de ellos fue Paulón, quien presentó una denuncia contra Milei por no cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad y señaló: «El decreto 681/25 es nulo de nulidad absoluta. Esto es inédito. Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente».
A su turno, Pichetto afirmó que «lo informado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos es de gravedad institucional extrema» porque «viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso», lo que calificó como un hecho que «tiene consecuencias impredecibles».
Por su parte, Massot puso el tema bajo el prisma de la baja de retenciones al agro que estableció Milei. «El mismo día que el Gobierno suspende la ley de emergencia en discapacidad por ‘falta de financiamiento’, anuncia improvisadamente un dólar soja que le costará hasta U$S 1.800 millones. Más cínicos no se consigue», disparó el diputado.
En este marco, la oposición buscará en las próximas semanas aprobar la interpelación de Guillermo Francos como primer paso para resolver luego si avanza con la moción de censura y la remoción del jefe de Gabinete, que en esta nueva etapa se convirtió en una pieza clave del gobierno de Javier Milei precisamente para el manejo político de la gestión, el que más le cuesta hace meses.