El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn presentó una impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia contra la resolución que absolvió a dos imputados en la causa por contaminación ambiental en el Golfo Nuevo, vinculada a la empresa pesquera Conarpesa.
La medida, firmada por el fiscal jefe Alex Williams y la fiscal general María Florencia Bianchi, apunta contra el fallo absolutorio dictado el 25 de agosto por la jueza Patricia Reyes a favor de Nadine Parry y Josep Vargas, empleador jerárquicos de la empresa.
Según los fiscales, la sentencia incurre en una “errónea aplicación de la ley penal”, carece de fundamentación suficiente y contiene contradicciones que la vuelven arbitraria.
El fiscal jefe Alex Williams y la fiscal general María Florencia Bianchi impugnaron el fallo que absolvió a los imputados.
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El caso
La investigación judicial había establecido que en febrero de 2023 se dispuso un sistema clandestino para volcar líquidos industriales sin tratamiento al mar.
De acuerdo con las pericias presentadas por los fiscales, las muestras tomadas superaron ampliamente los límites legales: la normativa permite hasta 50 miligramos por litro de materia orgánica, mientras que los análisis arrojaron más de 1.500 miligramos por litro.
La acusación alcanzó a Parry, encargada del área ambiental de la empresa, y a Vargas, responsable de la planta de efluentes.
Argumentos de la Fiscalía
En su recurso, Williams y Bianchi remarcaron que el hecho histórico nunca cambió: el volcado de efluentes crudos a través de un “bypass” no declarado. Señalaron que la jueza Reyes basó la absolución en una supuesta variación de la acusación durante el juicio, pero sostuvieron que eso “no ocurrió” y que la defensa pudo ejercer plenamente sus derechos.
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Incluso citaron fragmentos del alegato en los que se repitió que la conclusión lógica era la existencia de un vuelco de líquidos sin tratar.
Los fiscales también cuestionaron la “falta de fundamentación” del fallo, al que calificaron de estar plagado de “subjetividades y adjetivaciones impropias de quien tiene el deber de velar por la imparcialidad”.
Dimensión ambiental
El recurso subraya además la relevancia colectiva del caso. Se recordó que los delitos ambientales afectan derechos fundamentales como la salud y la vida, y se citaron fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, que obligan a los Estados a garantizar acceso a la justicia y sanción a quienes provocan daños ambientales.
La Fiscalía solicitó que el Superior Tribunal de Justicia revoque la absolución y ordene un nuevo juicio oral. También realizó la reserva de caso federal, lo que permitiría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si el fallo provincial no prospera.