Mario Lugones, el ministro de Salud, pisó importantes despachos de la Casa Rosada en dos oportunidades. Estuvo el miércoles y el jueves. Evitó a toda costa contactos con la prensa. Se esforzó en eludir pedidos de explicaciones sobre el tema que dominó la agenda de esta semana corta: el crecimiento de las muertes por fentanilo y el desarrollo de un problema que se convirtió en crisis inesperada para un Gobierno que, hasta ahora, sólo estaba inmiscuido en la campaña electoral.
Los 96 fallecimientos por el uso de las ampollas del lote 31.202 de fentanilo elaborados por Laboratorios Ramallo SA de HLB Pharma no estuvieron en el radar de la narrativa oficial hasta este miércoles. Ese día, que coincidió con la presencia del jefe de la cartera sanitaria en Balcarce 50, se comenzaron a gestar las primeras líneas discursivas para negar responsabilidades directas. La gestión libertaria no visualizó que el problema iba a cobrar un volumen de grandes proporciones que impactará en la agenda proselitista que ya está en marcha.
Desde la mitad de la semana, la administración Milei concentró energías en culpar al empresario a cargo del laboratorio, Ariel García Furfaro, dando a entender que tuvo conexiones con el kirchnerismo. Luego, el presidente Javier Milei y la cartera sanitaria cargaron sus críticas contra el juez que sigue la causa que indaga los motivos de las muertes, Ernesto Kreplak, hermano de Nicolás, ministro de Salud bonaerense.
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Incluso, la Oficina del Presidente reclamó con un comunicado que el juez Kreplak detuviera al ejecutivo cuestionado. Al mismo tiempo, aparecieron amenazas de recusación y críticas a cielo abierto contra el magistrado. No obstante, el juez no se calló y respondió con velocidad. Le pidió al Presidente que “se abstenga de intervenir en una causa penal en curso”. “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho”, contestó el juez.
El Gobierno se vio envuelto en contradicciones y demostró que no tenía una hoja de ruta precisa para enfrentar la crisis. Un ejemplo lo dio Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Cuando le tocó hablar de la problemática, evitó hablar del juez a cargo de la investigación.
Suelta de cuerpo, la ministra opinó que hay que investigar a los funcionarios responsables del trágico desenlace y reconoció que hubo una cadena de custodia del medicamento que fracasó. Se trató de un indicio que contradijo la narrativa oficial y que colocó tensión sobre las acciones de Lugones.
La mención a la cadena de custodia del fármaco que hizo la candidata a senadora por LLA no fue casual. Como señalan fuentes oficiales ante la consulta de PERFIL, hay una trazabilidad del recorrido de productos farmacológicos que es elaborada en algunos casos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y en otros por la cartera de Bullrich. En este caso, el oficialismo no ofreció precisiones sobre quién tenía a cargo el camino del fentanilo.
En cambio, sí aparecieron apuntes sobre qué hizo el área en los últimos meses, que como otros fue víctima de la motosierra libertaria desde el 10 de diciembre de 2023.
En este punto, el organismo que depende de Lugones presentó en el juzgado de Kreplak, un documento de 19 fojas que puede derivar en imputaciones a los presuntos sospechosos. Allí directamente se menciona que el laboratorio omitió procedimientos claves. Para reducir daños, en el Gobierno subrayaron que el 8 de mayo la Anmat emitió una alerta pidiendo que el lote en cuestión no debía ser utilizado. El 12 de mayo, el Ministerio de Salud vía la Anmat denunció de manera penal al laboratorio HLB y desde el 13 de mayo está prohibido el uso, la comercialización y toda la producción del emprendimiento comercial.
“El objetivo del Gobierno fue que se conozca toda la verdad y se determinen todas las responsabilidades, Salud es querellante para impulsar todas las acciones judiciales necesarias”, explicaron en Balcarce 50. Aseguran que la Anmat va a colaborar activamente con la Justicia Federal.
Sin embargo, el oficialismo prefiere no relatar que el organismo afrontó serios recortes presupuestarios que limitaron su capacidad operativa. Los números oficiales así lo demuestran. Cuenta con el mismo presupuesto que en 2023, exactamente $ 52.652.249.729 millones, de los cuales $ 27.687.925.212 millones se lo llevan gastos de personal.
Un dato para nada menor es que esos salarios no se actualizaron como el índice de inflación y solamente en 2025 perdieron 20 puntos de poder adquisitivo. En relación a los inspectores a cargo del control de medicamentos y laboratorios, los que quedaron en pie, hasta el 15 de julio de este año, son solo 216. Se encuentran repartidos entre el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y el Instituto Nacional de Productos Médicos. Pese a su rol vital, el Gobierno fantaseó con eliminar el organismo. Con facultades delegadas, Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, habló del fin de la Anmat y esta semana dijo en una nota que podía ser prescindible. “Lo sacaron de contexto”, fue la defensa que ensayaron desde el oficialismo. Igualmente admitieron que el funcionario se extralimitó en varias oportunidades y sólo contribuyó a la generación de ruido en un tema sensible. Tanto que incomodó al ministro Lugones y al entorno presidencial, justo en la previa de un momento clave para el Gobierno como lo es el próximo test electoral en la provincia de Buenos Aires.