La semana que pasó dejó varias postales de disputas en el plano petrolero. Una de las imágenes se vincula a la pelea contra fondos buitres en estrados judiciales de Nueva York. Otra, menos conocida, es mucho más terrenal: las reuniones mantenidas por el gobernador Torres y el intendente Othar Macharashvili, por separado, con el presidente de la compañía, Horacio Marín, dejaron entrever la puja silenciosa por los bienes que la petrolera cederá en su salida de Comodoro Rivadavia, donde nació hace 123 años.
Según pudo reconstruir ADNSUR, la agenda real del poder político de Chubut con YPF pasa por los inmuebles, tierras y bienes que quedan tras el retiro de la operadora estatal del Golfo San Jorge.
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La reunión de Torres, realizada en Buenos Aires, tuvo un tono más institucional, con eje en la transición ordenada del retiro de áreas y el traspaso de bienes. También se habría hablado algo con relación al uranio de Chubut (proyecto aún ‘verde’ para la petrolera). Pero la cita que más ruido hizo -aunque sin informe oficial posterior, pese a haber sido anunciada- fue la de Macharashvili.
Othar Macharashvili y Horacio Marín, durante un encuentro en la administración de YPF, el año pasado.
Archivo/MCR
Según trascendió, el jefe comunal fue con un planteo directo y con tono de enojo: pretende que los bienes ubicados dentro del ejido urbano, entre los que se cuenta la histórica administración de YPF en Kilómetro 3, queden bajo órbita municipal. Sin embargo, la respuesta que recibió fue más bien diplomática: el reparto será “equitativo”, según un esquema aún en discusión, aunque con varias señales que apuntan a un predominio de la provincia en el proceso.
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En ese marco, la pulseada más fuerte gira en torno a la sede de la Administración de Km. 3, un emblema del petróleo comodorense. La provincia ya tendría acordado convertirla en museo histórico, en el marco de un proyecto cultural que busca resignificar la historia del sector energético.
Desde el municipio no se planteó una propuesta distinta, pero sí una objeción al reparto: consideran que “les están dando poco” y que se pretende dejar al Ejecutivo local al margen de las decisiones clave. El trasfondo es claro: el control de tierras y edificios no sólo tiene valor simbólico, sino también económico y estratégico, pensando en desarrollos futuros.
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Entre las tierras que YPF cederá al municipio, según los términos de un acuerdo que ingresó al Concejo Deliberante en la gestión anterior pero que extrañamente no llegó a ser aprobado, se incluye la titularidad de clubes. Por ese lado no hay mucho margen para discutir, ya que las instituciones deportivas asumen de hecho esa titularidad desde hace décadas. Un detalle es que la valuación de esos inmuebles, según se regstró en aquel convenio, totalizaba alrededor de 4 millones de dólares.
Sin embargo, queda por definir el traspaso de tierras en sectores del ejido urbano, como las áreas lindantes a km.4, donde el municipio proyecta un desarrollo urbanístico desde la gestión anterior, pero que también sería apetecido por Provincia y además, por los sindicatos petroleros.
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Un dato no menor, que al intendente le habría sacudido el característico sombrero, es que desde la operadora se dejó entrever que un árbitro para el reparto equitativo sería el actual director de la compañía en representación de la provincia, Emiliano Mongilardi. Sabido es que el ex diputado provincial proviene del sindicato Petrolero Chubut, que conduce Jorge Ávila.
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En paralelo, el anuncio del gobernador Torres de que Chubut se presentará en la justicia de Estados Unidos para defender el paquete accionario del 8,5% que le corresponde por la ley de federalización de YPF, generó impacto político, pero muchas dudas jurídicas.
Consultadas por ADNSUR, fuentes que siguen de cerca la causa remarcaron que aún no existe una ley provincial que ratifique esa titularidad, lo que pone en tela de juicio la legitimación para accionar judicialmente. Tal como admitió el propio vicegobernador Gustavo Menna días atrás, “no hay una norma específica” que regule esa participación. De hecho, el gobierno enviará un proyecto de ley a Legislatura en los próximos días.
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La situación no es exclusiva de Chubut. En realidad, ninguna de las provincias accionistas -incluyendo Santa Cruz, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego- pagó por las acciones que recibió en 2012, según confirmaron interlocutores que participaron en negociaciones recientes.
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La versión de que Santa Cruz sí habría abonado su participación fue desmentida incluso por funcionarios del propio gobierno santacruceño, en una reunión reciente con actores del sector energético.
Desde ese punto de vista, el paquete accionario provincial en YPF es una figura formal con escasa operatividad práctica, ya que tampoco se conocen decisiones que hayan sido modificadas (el abrupto abandono de las áreas o mejores condiciones para la provincia, por caso) por iniciativa de su participación en el directorio.
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El tema no está en agenda, pero la acción de la provincia podría despertar algunas implicancias que no parecen oportunas. La primera de ellas es si, habiendo cambiado los tiempos políticos que permitieron aquel entendimiento más de una década atrás, en el que las provincias se transformaron en accionistas sin pagar por su participación, podría motivar hoy algún tipo de reclamo desde la compañía, por aquella deuda.
El segundo interrogante que circula es qué pasará con esas acciones en manos de las provincias, en aquellos territorios de los que YPF se está retirando para concentrarse exclusivamente en Vaca Muerta. Ese listado incluye a Chubut y Santa Cruz, tras el retiro de la cuenca San Jorge, que terminará de concretarse a fin de año tras la venta de Manantiales Behr.
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ADNSUR
Por el ahora no habrá cambios, pero según pudo saber esta columna hubo algunas consultas específicas. Para que las provincias pierdan esas acciones, se requeriría un acto expreso del directorio de la compañía. Hoy no forma parte de las prioridades, pero es posible que se evalúe el año próximo. Visto desde el punto de vista corporativo, hay quienes se preguntan, más aun conociendo la forma de pensar de Horacio Marín: ¿tendría sentido que se mantengan directores de provincias en las que la operadora ya no tiene áreas, mas aun cuando no abonaron por su paquete accionario?
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La iniciativa del gobierno chubutense aparece, así, como una estrategia de impacto político, más orientada a marcar posición que a cambiar el curso real del juicio en Nueva York, cuyo fallo sobre la medida cautelar podría conocerse en los próximos días. Especialistas esperan que ese pronunciamiento deje de lado el reclamo por el 51% de las acciones, para que la discusión se mantenga en torno al monto final de la indemnización, en el que Argentina sólo puedo aspirar hoy a reducir considerablemente el pago al buitre Burford y sus socios, entre los que aún se incluye al grupo Eskenazi.
UN EQUILIBRIO DELICADO Y UNA PRESIÓN AMBIENTAL
Otra línea de tensión que se suma a esta trama es la ambiental. El municipio, encabezado por Macharashvili, impulsa una ordenanza que apunta a reconvertir los pasivos petroleros en “daños ambientales”, tal como informó ADNSUR oportunamente, con el objetivo de exigir a las operadoras -especialmente a YPF- mayores responsabilidades.
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Según fuentes del sector, esta iniciativa es vista como una “carta de negociación” por parte del municipio en el reparto de bienes: “Ninguna norma tiene efecto retroactivo”, deslizan quienes siguen la discusión.
Esa advertencia no es casual: en zonas como Manantiales Behr, donde todavía se mantiene actividad, el abandono de pozos y la remediación ambiental puede ir haciéndose a medida que se trabaja en el lugar, mientras que en áreas urbanas o de alto impacto social, como los alrededores de Km3 y 4, las exigencias pueden escalar, sobre todo en materia de costos. Allí es donde el juego político se entrelaza con las normas técnicas y jurídicas, en un campo minado que los actores institucionales prefieren recorrer con cautela.
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¿Es posible exigir, a esta altura del proceso, que YPF renuncie al acuerdo ‘clean exit’ celebrado con PECOM para abocarse a abandonar pozos o pagar por el daño ambiental irreparable? Tal vez la respuesta aparezca en el resultado del reparto de bienes que aún queda por concretar.
SANTA CRUZ CELEBRA SUS «VENTAJAS»
Mientras tanto, en Santa Cruz la retirada de YPF sigue en marcha. Aunque con gran incertidumbre respecto del futuro de las áreas, que siguen operadas provisoriamente por YPF hasta fin de año, el gobierno de Claudio Vidal logró avanzar con un acuerdo concreto: la provincia ya cobró parte de los 330 millones de dólares comprometidos al momento del acuerdo, y garantizó la continuidad de actividad con seis equipos de abandono de pozos, en el marco de un plan de remediación ambiental.
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Todo esto le permite al gobernador Claudio Vidal, al menos por ahora, disimular el interrogante que se abre de cara a quiénes serán los nuevos operadores de las 10 áreas que está dejando YPF. En el ‘mientras tanto’, los anuncios son positivos, pero diciembre está a la vuelta de la esquina.
Claudio Vidal logró un acuerdo concreto con YPF.
En Chubut tampoco sobra tiempo: la retirada de YPF se completará a fin de año y aún no hay definición sobre los futuros operadores de Manantiales Behr, la última joya del convencional en manos de la petrolera.
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El traspaso concretado hasta ahora no logró mover el ‘amperímetro’ de la producción, aun admitiendo que todavía es temprano para exigir resultados marcadamente diferentes. Como en un tablero de ajedrez, cada movimiento parece más orientado a contener el impacto político que a diseñar una estrategia energética a largo plazo.
Porque, en el fondo, más allá de banderas y declaraciones altisonantes, lo que se disputa hoy no es el modelo energético del futuro, sino quién se queda con las llaves del pasado.