El Gobierno dejó sin efecto la prórroga de una concesión del Zar de Retiro

La nueva gestión de Trenes Argentinos decidió, como parte de la política que impulsa el Gobierno, dejar sin efecto la prórroga del contrato de una concesión millonaria de la firma Nueva Estación Once S.A. en la terminal porteña de Once de la línea de tren Sarmiento.

La empresa es del “Zar de Retiro”, Néstor Emilio Otero, empresario que además está a cargo de la terminal de ómnibus desde 1993 y fue investigado en la causa Cuadernos y condenado en 2015 por pagar dádivas al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime.

Según los registros públicos, presidió Nueva Estación Once hasta 2015, cuando renunció a encabezar el directorio de la sociedad y fue reemplazado por Claudio Glories y su hijo Luciano Otero.

Nueva Estación Once controla la terminal de Once del tren Sarmiento. Foto: Matias Martin Campaya

A través de distintas compañías, Otero administró en los últimos años también otras estaciones, como las de Lomas de Zamora, Puente La Noria, Santiago del Estero, Villa Gesell y Mar del Plata.

El espacio que ahora deberá dejar en Once abarca una superficie de casi 21.000 metros cuadrados de 82 locales comerciales en planta baja, 39 en el entrepiso y dos estacionamientos de 11.000 metros cuadrados. La concesión había comenzado en 2005 por un plazo de 20 años y, en 2015, prorrogada hasta 2033 a valores por debajo del mercado, “mediante una adenda otorgada de forma irregular, estableciendo cánones fijos irrisorios para la concesión que van desde los $ 197.000 a los $ 226.000 mensuales para el periodo extendido”, señalaron en el sector, y adelantaron que serán licitados nuevamente a valores razonables.

Al inicio del mandato de Javier Milei, los ingresos en materia comercial ascendían a $ 914 millones, mientras que la proyección de recaudación para 2025 ronda $ 6.000 millones, 550% más que la concesión cuestionada.

De esa manera, Trenes Argentinos “busca, además de mejorar los ingresos, modernizar los espacios e integrarlos al entorno urbano para garantizar un uso más eficiente para el servicio, dejando atrás viejas prácticas que perjudicaban al Estado”, explicaron.

NE

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