En un fallo que conmocionó a la provincia de Salta, la Justicia local condenó a un abuelo de 68 años por abusar sexualmente de su nieta durante cinco años, en un caso que destapó una red de silencio y complicidad familiar.
El veredicto, emitido tras tres días de audiencias, reveló un patrón de violencia que se extendió desde que la niña tenía 6 años hasta los 11, con episodios recurrentes de tocamientos y caricias invasivas en contextos cotidianos, como durante las comidas familiares o mientras veían televisión.
LA DESGARRADORA CONFESIÓN DE LA NENA A SU MAESTRA
La víctima, ahora de 13 años, relató en una declaración por Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) cómo su abuelo ignoraba sus súplicas para que detuviera los ataques, incluso cuando lloraba o intentaba alejarse.
El punto de quiebre llegó gracias a las charlas sobre consentimiento corporal que recibió en la escuela primaria. «La seño nos explicó que nadie puede tocarnos sin permiso. Ahí entendí que lo de mi abuelo estaba mal», declaró la menor, cuyo testimonio activó el protocolo de abuso infantil tras confesárselo a una maestra.
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Foto: Ministerio Público de Salta
El aspecto más escalofriante del caso surgió cuando la fiscal Celina Morales Torino demostró cómo parientes directos desacreditaron a la niña. Testimonios incluidos en el expediente revelan que una tía materna le dijo: «Son cosas de familia, no traigas problemas», mientras que su madre le advirtió: «Tu abuelo es mayor, no le hagas pasar vergüenza». Estas presiones generaron en la menor cuadros de ansiedad crónica y terrores nocturnos, según confirmaron peritos de la Dirección General de Asistencia a la Víctima.
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Las pruebas presentadas por la fiscalía incluyeron un análisis de credibilidad mediante entrevista cognitiva, un informe psiquiátrico que descartó fabulaciones y una reconstrucción de línea de tiempo con testigos vecinales. La jueza Gabriela González fundamentó su decisión en el agravante por convivencia y el abuso de autoridad familiar, imponiendo una condena de tres años de prisión condicional, prohibición absoluta de contacto con la víctima, tratamiento psicológico obligatorio para el agresor y una indemnización económica por definir.
Este caso se enmarca en un contexto provincial alarmante, donde se investigan actualmente otras 14 causas similares con agresores vinculados familiarmente a las víctimas. Organismos como Salta Creciendo Libre señalan que la pandemia exacerbó estas situaciones al aumentar la convivencia forzada. La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes supervisará el cumplimiento de la sentencia, mientras el Ministerio de Educación reforzará los programas de Educación Sexual Integral (ESI) en la provincia.
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La fiscal Morales Torino subrayó que el fallo envía un mensaje claro: «El silencio familiar ya no es un escudo para los abusadores». Mientras tanto, la víctima recibe terapia especializada en el Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual (CAVVIS), y organizaciones locales han lanzado una campaña para garantizar su educación universitaria. El caso reabrió el debate sobre la necesidad de crear juzgados especializados en violencia intrafamiliar en el norte argentino y ha impulsado demandas para establecer un registro nacional de agresores sexuales intrafamiliares.
Testimonios anónimos de vecinos revelaron que muchos en el barrio sospechaban de la situación pero optaron por no intervenir. «Todos sabíamos que algo pasaba, pero nadie quería meterse en problemas. Ahora nos arrepentimos», confesó una residente. La escuela de la menor, por su parte, instaló un protocolo de denuncia anónima para detectar casos similares.
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Organizaciones de derechos humanos exigen que se revoquen los beneficios condicionales en delitos sexuales contra menores y que se avance en reformas legislativas. El Poder Judicial salteño confirmó que este fallo sienta un precedente para judicializar las complicidades familiares, abriendo la puerta a futuras imputaciones contra quienes encubran estos crímenes.
Con información de El Tribuno y 0223, editada y redactada por un periodista de ADNSUR