Tras largas jornadas accidentadas y ausencias que obligaron a postergar las audiencias, este viernes concluyó el juicio por los incendios de edificios públicos de Rawson, durante las protestas antimineras de diciembre de 2021.
Durante los alegatos finales, la fiscal general Florencia Gómez repasó los pedidos de condena contra los ocho imputados, con penas máximas de 6 años de cárcel.
A Lautaro Martínez, uno de los imputados que fue detenido por sus reiteradas ausencias durante el juicio, lo acusaron de intentar prender fuego papeles, tirar al piso una impresora, arrojar un dispenser de agua y robar una luz de emergencia. Pidieron una pena de cuatro años de prisión.
Este viernes se realizaron los alegatos finales en el juicio por los incendios en edificios públicos durante las protestas de 2021.
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Mismo monto de pena se solicitó para G. V., quien tenía 17 años al momento de producirse los hechos. Lo acusaron de dañar a pedradas el frente del Superior Tribunal de Justicia y robar un matafuego del interior de la oficina de la Procuración General.
Para Mauricio Vargas, acusado de ingresar provocar daños en el edificio del Superior Tribunal de Justicia, iniciar un incendio en la sede de la Procuración y robar una computadora, pidieron una condena de seis años de cárcel.
El cuarto imputado es Damián Díaz, señalado como la persona que rompió las ventanas del edificio del Superior Tribunal de Justicia. Para él pidieron un año y ocho meses de prisión.
Parte de los acusados por los incendios, durante una de las jornadas del juicio.
Ministerio Público Fiscal
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Nicolás Díaz está acusado de por hurto agravado, señalado por robar un bidón de 20 litros de un dispenser de agua durante los desmanes. Tiene antecedentes penales y la Fiscalía pidió tres años de prisión.
Otro de los imputados, Brian Díaz, está acusado de provocar daños en el Superior Tribunal de Justicia y en la Fiscalía de Rawson. La fiscalía pidió tres años de prisión.
Los últimos dos imputados son Lucas Espinoza y Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza. El primero está acusado de romper los vidrios de un vehículo del Área de Finanzas de la Policía del Chubut, aledaño a la Comisaría de Rawson. Para él pidieron un año y ocho meses de prisión.
La joven, detenida durante el juicio por faltar a las audiencias, está acusada de tirar piedras y romper una ventana de la Procuración General. Para ella pidieron dos años de prisión en suspenso.
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LOS ARGUMENTOS DE LA FISCAL
La fiscal general Florencia Gómez manifestó que tras escucharse a los testigos y analizar la prueba documental, “quedó acreditada la materialidad de los hechos y la autoría de los mismos”.
La funcionaria judicial señaló además que “la defensa no pudo contrarrestar las pruebas que aportó el Ministerio Público Fiscal y que “no hay duda cómo se produjeron los hechos, los autores y los desmanes que ocasionaron”. Afirmó también que todos “fueron documentados in fragantti delito”.
Destacó el trabajo de los peritos e investigadores policiales, la base de sus testigos en el juicio. Dijo que “todos los delitos traídos a este debate fueron documentados por fotografías y cámaras de seguridad, obtenidas de manera legal”.
A la vez, afirmó que “los daños quedaron acreditados por los relevamientos realizados a posteriori de los hechos, con edificios que no estaban preparados para soportar semejantes niveles de temperatura, datos que constan en los informes realizados y luego ratificados en el debate”.
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“Se trata de daños agravados por haberse producido en edificios públicos como lo son la Casa de Gobierno, la Legislatura provincial, el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General, la Fiscalía de Rawson y un móvil policial que resultó absolutamente destruido”, expresó.
También sostuvo que los imputados “aprovecharon la situación de conmoción y de los incendios para saquear y apoderarse de elementos, muebles y bienes públicos”.
Concluyó en que también “quedaron acreditados los daños producidos por los relevamientos de los peritos, con riesgo de derrumbe en muchos de los lugares afectados”.
LA POSTURA DE LOS DEFENDORES
Al momento del alegato de la defensa, el defensor Miguel Moyano cuestionó la posición del Ministerio Público Fiscal y afirmó que la única prueba en contra de su asistido “es una campera”, una prueba que es “dubitada”.
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Moyano defiende al imputado más comprometido penalmente sospechado del delito de hurto agravado, además de incendio intencional contra edificios públicos. Se trata de Vargas que para su defensor “no estuvo en el lugar de los hechos”. El resto de los imputados fueron asistidos por el defensor oficial Pablo Sánchez.