En un esfuerzo por intensificar su política de deportación de criminales extranjeros, la administración Donald Trump deportó a 238 venezolanos presuntamente vinculados a la organización criminal Tren de Aragua. Estos individuos fueron enviados a El Salvador como parte de un acuerdo bilateral que incluyó un pago por parte de Estados Unidos para cubrir los costos de su detención.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, brindó una conferencia este lunes 17 de marzo para compartir detalles del traslado de venezolanos a El Salvador. Durante la rueda de prensa, explicó que la decisión responde a la necesidad de mantener la seguridad interna de EE.UU.
En cuanto al dinero destinado a la operación, aseguró que el monto transferido al país latino presidido por Nayib Bukele representa un gasto significativamente menor en comparación con los costos que implicaría mantener a estos individuos en prisiones de máxima seguridad dentro de EE.UU.
“Hemos destinado seis millones de dólares para que El Salvador albergue a estos terroristas extranjeros, lo cual es una cantidad menor comparada con los gastos que habría significado su permanencia en nuestro sistema penitenciario”, sostuvo.
La secretaria de prensa aseguró que el acuerdo incluyó la deportación de 261 inmigrantes ilegales, de los cuales 137 fueron expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, mientras que otros 101 venezolanos fueron procesados mediante el Título 8, que regula los procedimientos migratorios convencionales. Además, 23 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), incluidos dos de sus líderes, fueron devueltos a El Salvador.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, expresó en un comunicado de la Casa Blanca: “El Salvador se comprometió a mantenerlos en sus excelentes cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes. El presidente Nayib Bukele no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino que también es un gran amigo de EE.UU.“.
La decisión de la administración estadounidense generó un intenso debate, especialmente después de que un juez federal bloqueara temporalmente las deportaciones de ciudadanos venezolanos.
El magistrado James E. Boasberg, del Distrito de Columbia, emitió una orden judicial el 15 de marzo que suspendió la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en estos casos. No obstante, para ese momento, los operativos de traslado ya habían sido ejecutados, con dos vuelos que transportaban a inmigrantes ilegales hacia El Salvador y Honduras.
La Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798, otorga al presidente la facultad de detener y expulsar a ciudadanos de países considerados hostiles durante periodos de guerra o conflicto. Históricamente, esta legislación se ha implementado en escasas ocasiones, principalmente durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
En el contexto actual, la administración Trump utilizó esta normativa para sostener la deportación de miembros del Tren de Aragua y señaló que esta organización representa una amenaza para la seguridad nacional.
Sin embargo, el juez Boasberg argumentó que la aplicación de esta normativa no está justificada, ya que EE.UU. no se encuentra en guerra con Venezuela ni enfrenta un conflicto bélico con una nación extranjera.
El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, ha implementado una estrategia agresiva contra el crimen organizado, que incluye la detención masiva de presuntos pandilleros. El acuerdo con EE.UU. refuerza esta política, con el compromiso de albergar a los deportados presuntamente de la organización Tren de Aragua en su sistema penitenciario.
En una publicación en redes sociales, Bukele mencionó que la tarifa pagada por EE.UU. para recibir a los deportados era “baja para ellos, pero significativa” para El Salvador.