Miguel Ángel Hernández asegura que está desesperado. Tiene 33 años y en 2012 se apuntó a la Agencia de Vivienda Social (entonces se llamaba IVIMA), esperando que la Comunidad de Madrid le concedería un piso protegido en un tiempo razonable. “Yo tengo una discapacidad del 33% y mi mujer del 59%. Tenemos tres hijos de 8, 9 y 11 años. Cada año renovaba la documentación como solicitante, pero debe ser que teníamos muy mala suerte. Nunca nos han adjudicado ninguna vivienda. Siempre nos decían que había mucha gente en lista de espera”.
Así que en 2023 dijo basta, ya que vivían en una habitación en casa de su madre, y decidió okupar una vivienda propiedad de la Agencia de Vivienda Social (AVS). Un piso que estaba vacío en el municipio de San Martín de la Vega. “La adjudicataria de la casa había fallecido y era eso o irnos debajo de un puente. Ya llevamos año y medio y nunca nos ha visitado nadie de la Comunidad de Madrid. Quiero legalizar la situación, hacer las cosas bien. Pago el agua, la luz y el gas. Lo único que sé es que la Agencia ahora nos ha sacado de la lista de espera por ser okupas. Ya me dirás lo que hago. Yo gano 1.010 euros limpios al mes y mi mujer trabaja dos horas diarias limpiando”.
Miguel Ángel es uno de los 2.497 okupas que tiene actualmente la Agencia de Vivienda Social, según una reciente respuesta parlamentaria que la Consejería de Transportes y Vivienda ha dado al diputado socialista Rafael Martínez. Los últimos datos de la AVS (de 30 septiembre de este año) revelan que cuenta con 24.913 pisos, por lo que el 10% de su patrimonio está okupado. Otra respuesta señala, además, que la Agencia tiene otras 815 viviendas vacías. Todos estos inmuebles vacíos “están en diversas etapas de gestión, pudiendo estar en un proceso de reparación, adjudicación, contratación o entrega”, matizan desde la Consejería.
Es decir, que hay 815 viviendas vacías y 2.497 okupadas ilegalmente. Un número importante, teniendo en cuenta que el diputado Martínez también preguntó cuántas personas había en lista de espera como solicitantes de una vivienda de la AVS. La respuesta fue que, a 9 de octubre, constaban admitidas “un total de 3.657 solicitudes de vivienda por las distintas causas de especial necesidad habitacional establecidas en el Decreto 52/2016, de 31 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Parque de Viviendas de Emergencia Social y se regula el proceso de adjudicación de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid”.
Actualmente, hay tres caminos para acceder a un piso protegido de la AVS. El primero es que el solicitante esté encuadrado como persona de “especial necesidad”, es decir, que se encuentre en situación de desahucio, violencia de género, residencia inadecuada o en malas condiciones de habitabilidad, en albergues, casas refugio, pisos tutelados… En segundo lugar, que esté en “emergencia social”, un sistema excepcional de adjudicación que se inicia de oficio por la Administración una vez tenga conocimiento de casos en que concurran situaciones de gravedad. Y finalmente, por sorteo, una vez aprobadas las convocatorias y siempre que los solicitantes cumplan los requisitos sobre ingresos familiares y circunstancias de la unidad familiar previstas en la normativa.
“No me creo que solo haya 3.600 personas en lista de espera, es imposible. Hace falta mucha más agilidad a la hora de adjudicar y poner más viviendas públicas disponibles. Y solucionar muchos problemas de gestión. En San Martín de la Vega hay una promoción de 48 pisos de la AVS y cinco de ellos llevan tapiados más de cuatro años, sin adjudicarse”, señala el diputado Martínez a este diario. Solo el Ayuntamiento de Madrid tiene apuntados más de 40.000 solicitantes de vivienda pública.
En cuanto al problema de la okupación, un portavoz de la AVS se limita a decir que “tiene abiertos procesos administrativos de recuperación patrimonial que finalizan en procedimientos judiciales para desalojar a los okupas”, sin especificar cuántos.
La AVS, que en 2024 ha celebrado su 40 aniversario, gestiona en la actualidad un patrimonio de 50.584 bienes inmuebles, de los que casi 25.000 son casas distribuidas en 119 municipios, que ofrecen una residencia a cerca de 100.000 madrileños. Además, dispone de 3,4 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable que permitirán construir más de 10.000 pisos, 1.687 a lo largo de la presente legislatura. Las obras de la mitad de ellas ya se han iniciado.
“¿Cuál es la realidad de la vivienda pública en Madrid?”, se pregunta Jorge Moruno, diputado de Más Madrid. Vamos a los datos. En 2005 (primer año del que hay registros), la Comunidad tenía un patrimonio inmobiliario de 24.187 casas. Los últimos datos (de septiembre de 2024) revelan que ese mismo patrimonio es de 24.913 pisos. Es decir, que el saldo positivo es de un crecimiento de 726 inmuebles. O lo que es lo mismo: en 19 años, la Comunidad de Madrid solo ha construido una media de 38,2 viviendas públicas al año.
“Esta cifra ridícula sería menor si un juez no hubiese obligado al PP a recuperar 1.721 viviendas que le vendió a un fondo buitre. No entiendo cómo al PP no le da vergüenza presentar estas cifras. Cifras que no están a la altura de Madrid. El País Vasco, con una población tres veces menor, tiene más vivienda pública”.
