El juez paraguayo Humberto Otazú, quien entiende en la causa por contrabando que involucra al senador Edgardo Kueider, detenido cuando quería ingresar a Paraguay con más de us$200.000 en efectivo sin declarar, dijo que el legislador argentino podría recibir una pena de hasta dos años y medio de cárcel.
«De acuerdo a la normativa nuestra, tiene un máximo de dos años y medio de condena que podría recibir, de pena privativa de la libertad», afirmó el magistrado paraguayo durante una entrevista este domingo con Radio Rivadavia.
«Para nosotros el contrabando es un delito fuerte, porque tiene implicancias en nuestra sociedad. Si bien el gobierno deja de percibir sus tributos, eso impacta en la sociedad que no puede recibir mejor atención de parte del Estado. En este caso puntual, al tratarse de una tentativa, la expectativa de pena baja notablemente», agregó Otazú sobre las condiciones que inciden en la cuantificación del castigo.
Kueider, quien llegó al Senado argentino en 2019 en representación de la provincia de Entre Rios, fue detenido en el Puente Internacional de la Amistad, que une Foz de Iguazú con Ciudad del Este.
Las autoridades paraguayas detuvieron en la madrugada del miércoles último el auto en que viajaba el senador junto a su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa, y le encontraron 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos, cifras superiores a las permitidas para ingresar al territorio del país vecino.
La Justicia paraguaya les dictó a Kueider y a su secretaria la prisión preventiva mientras se tramita la causa por tentativa de contrabando, por lo que no pueden abandonar Paraguay, y le concedió el beneficio del arresto domiciliario.
Kueider y Guinsel Costa fijaron como residencia al edificio Tierra Alta Del Maestro, un lujoso complejo de departamentos inaugurado en 2020 que cuenta con siete pisos y 42 unidades, piscina en la terraza, gimnasio, salón climatizado y quincho.
Al respecto, el juez Otazú aclaró que desde su posición sólo le compete controlar que se cumplan las condiciones requeridas por la justicia local para otorgar el arresto domiciliario, independientemente del lugar que el detenido fije como residencia.
«El arresto domiciliario lo impuso el juzgado (…) El juzgado recibe un contrato de alquiler, lo examina, controla que estén las firmas del notario, del detenido y del propietario, y se corrobora la dirección. Pero el juzgado no se constituye a ver cuál es el lugar«, afirmó el juez.
«Si es un departamento suntuoso, si es un lujo, si tiene piscina, si tiene gimnasio… en el fondo es irrelevante. La cuestión para nosotros es que esté privado de la libertad«, agregó.
